Volumen 3, Nº1 Agosto de 2006

La Propaganda Monarquista en el Gobierno de San Martín en el Perú. La Sociedad Patriótica de Lima

 

I. San Martín en el gobierno del Perú

Cuando el 20 de agosto de 1820 zarpó la Expedición Libertadora del Perú, lo hizo sin que su Comandante en Jefe, el General José de San Martín, llevase alguna instrucción que guiara, o limitara, su futura actuación política en el Perú. Esta situación no contó con la unanimidad de los pareceres de las autoridades chilenas. De hecho, el 23 de junio anterior, el Senado Conservador había remitido a O’Higgins un conjunto de directrices que proponía se aplicaran para ese fin, insistiéndose en ellas en el ejercicio de la autodeterminación por parte de los peruanos, quienes, como se señala en diversos artículos de aquel texto, debían elegir a sus propias autoridades locales y nacionales e incluso dar forma a su propia constitución. Es más, incluso se señalaba que “de ningún modo admitirá [San Martín] empleo político ni para sí ni para los oficiales”[1].

Esta propuesta no contó con el beneplácito de O’Higgins, quien probablemente la consideró desdorosa para San Martín y, aunque el Senado insistió en la utilidad de estas, u otras instrucciones, argumentando incluso su necesidad en circunstancias imprevistas que pudieran presentarse, como por ejemplo, la muerte de San Martín, nada se logró[2]. Así la expedición, en materias políticas, quedó confiada, en plenitud, al juicio del general que la comandaba.

Probablemente el senado estuviese actuando, comprensiblemente, en base a eventuales complicaciones, pues nada hacía temer una actuación políticamente cuestionable por parte de San Martín. De hecho, el 20 de marzo del año anterior él mismo había dirigido una proclama a los limeños y a los demás habitantes del Perú, en la que daba cuenta de las gestiones realizadas ante el Virrey para evitar la guerra y agregaba: “le propuse que se convocase al ilustre vecindario de Lima representándole los sinceros deseos del gobierno de Chile y de las Provincias Unidas; que se oyese la exposición de sus quejas y derechos, y que se permitiese a los pueblos adoptar libremente la forma de gobierno que creyesen conveniente, cuya deliberación espontánea sería la ley suprema de mis operaciones”. También en ese documento había dado una clara señal de lo que ocurriría en el futuro: “afianzados los primeros pasos de vuestra existencia política, un congreso general compuesto de los representantes de los tres estados dará a su respectiva organización una nueva estabilidad; y la constitución de cada uno, así como su alianza y federación perpetua, se establecerán en medio de las luces, de la concordia y de la esperanza universal”[3].

De esta proclama se desprende, casi sin necesidad de mayor análisis, que los peruanos, ejerciendo la autodeterminanción, crearían un nuevo gobierno que reemplazaría a la monarquía española y dictarían su propia constitución.

Una vez que las fuerzas expedicionarias desembarcaron en Perú se produjeron las conferencias de Miraflores. En ellas, el tema de la futura organización del país no estuvo ausente. Dice Barros Arana que los negociadores nombrados por San Martín, Tomás Guido y Juan García del Río, propusieron la idea de crear “en estos países una monarquía constitucional e independiente que tuviese a su cabeza un príncipe de la familia real de España”[4], propuesta que fue rechazada por el Virrey Pezuela quien señaló que un tema de tal trascendencia como ese debía ser analizado por el gobierno superior.

¿Se podría considerar esta proposición como la expresión del deseo de San Martín? La respuesta de Barros Arana es afirmativa. Dice este autor que “aunque en las comunicaciones cambiadas con motivo de las conferencias de Miraflores, no se habla de esta proposición, ella debe ser creída no solo por afirmarlo así el virrey en términos tan claros[5], sino porque guarda perfecta consonancia con las ideas que a este respecto manifestó entonces y más tarde el general San Martín”[6].

Sin embargo, en el manifiesto que San Martín dirigiera después de estas negociaciones, señalaba claramente que “el día que el Perú pronuncie libremente su voluntad sobre la forma de las instituciones que deben regirlo, cualesquiera que ellas sean, cesarán de hecho mis funciones”[7]. La expresión, a nuestro juicio, no puede ser más clara: los peruanos serían quienes optarían por su sistema político, independientemente de los deseos de San Martín. Esto guarda concordancia con la propaganda que posteriormente se utilizó para expresar la conveniencia del establecimiento de una monarquía constitucional: pudiendo, tras haber asumido como Protector del Perú, haber impuesto una monarquía, optó por abrir el paso a mecanismos que legitimarían ese sistema.

Sin contrariar lo anterior, y con la finalidad de “preparar los elementos de la reforma universal” que se avecindaba, el 12 de febrero de 1821 San Martín rubricó un Reglamento Provisional que fijaba las bases elementales de la organización de los territorios ya dominados por las armas revolucionarias. En la parte explicativa del texto aclaraba que la finalidad de la guerra era “la mejora” de las instituciones, objetivo que debía lograrse sin precipitación, pero sin que esto implicara que se dejaran “intactos los abusos” del sistema monárquico español. Las circunstancias y la “gran ley de la necesidad” lo impulsaban a iniciar la obra “que el tiempo consolidará más adelante”.

Si había algo claro, a juzgar por los testimonios expuestos, era que se dejaría sin existencia a la monarquía española. Agreguemos dos antecedentes más. El primero es una proclama que O’Higgins dirigió a los peruanos, y que fue llevada por la misma fuerza expedicionaria. En ella el Director Supremo decía: “seréis libres e independientes, constituiréis vuestros gobiernos y vuestras leyes por la única y espontánea voluntad de vuestros representantes, ninguna influencia militar o civil, directa o indirectamente tendrán estos hermanos en vuestras decisiones”. El segundo proviene de las memorias de Juan Isidro Quesada, un militar trasandino que formó parte de las tropas que entraron en Lima una vez que la ciudad fue evacuada por los realistas. Cuenta Quesada que el 10 de julio su regimiento acudió a saludar a San Martín, quien les dijo: “he hecho bajar al batallón Nº 8 a la capital para que la juventud delicada que tengo en mi presencia forme la opinión de este país, que se halla tan impregnada de viejas costumbres de aristocracia y por medio de ustedes, principiar a hacer olvidar éstas y fomentar las de nuestro sistema demócrata”[8].

San Martín ya había expresado a Basil Hall su prescindencia en cuanto al sistema que el Perú debía adoptar. Según el testimonio de Hall, en una entrevista sostenida con el general, éste habría expresado que “en los últimos diez años […] he estado ocupado constantemente contra los españoles, o mejor dicho, a favor de este país, porque yo no estoy contra nadie que no sea hostil a la causa de la independencia. Todo mi deseo es que este país se maneje por sí mismo, y solamente por sí mismo. En cuanto a la manera en que ha de gobernarse no me concierne en absoluto. Me propongo únicamente dar al pueblo los medios de declararse independiente y de establecer una forma de gobierno adecuada; y verificado esto consideraré haber hecho bastante y me alejaré”.

Hall agrega parte de un bando de San Martín publicado alrededor del 20 de julio del mismo año 1821 en el que se puede leer: “todo pueblo civilizado está en estado de ser libre; pero el grado de libertad [de] que un país goce debe estar en proporción exacta al grado de civilización; si el primero excede al último, no hay poder para salvarlo de la anarquía; y si sucede lo contrario, que el grado de civilización vaya más allá del monto de libertad que el pueblo posea la opresión es la consecuencia”[9]. Si bien este último párrafo introduce un nuevo elemento en las consideraciones de San Martín, el equilibrio entre libertad y civilización, o si se prefiere “cultura cívica”, de ningún modo viene a alterar la esencia de lo ya planteado, pues sólo se trata de la expresión de un principio fundamental que en ningún caso dice relación con una opción por tal o cual sistema político.

Así las cosas, hasta julio de 1821 para San Martín resultaba claro, al menos según los textos que hemos visto, que los peruanos eran los llamados a definir la forma que adoptarían para su gobierno, lo que incluso no se alteraría al momento de asumir como Protector del Perú el 3 de agosto siguiente, si atendemos al tenor literal del correspondiente decreto. En él señaló que al haber asumido la tarea de liberar al Perú sólo había buscado el adelantamiento de la causa americana y la felicidad de los peruanos y que el mando político y militar había recaído en sus manos por imperio de las circunstancias. Sin embargo, decía, se debían fijar objetivos secuenciales, primero terminar con la presencia del enemigo y, luego, asegurar la libertad política: “la experiencia de diez años de revolución en Venezuela, Cundinamarca, Chile y Provincias Unidas del Río de la Plata, me han hecho conocer los males que ha ocasionado la convocación intempestiva de congresos, cuando aún subsistían enemigos de aquellos países: el primer paso es asegurar la independencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamente”[10]. A ello agregaba que bien podría haber seguido otro curso de acción, disponiendo que electores nombrados por los ciudadanos ya liberados designasen a quien debía gobernar “hasta que se reuniesen los representantes de la nación peruana; pero como por una parte la simultánea y repetida invitación de gran número de personas de elevado carácter y decidida influencia en esta capital para que presidiese la Administración del Estado me asegura un nombramiento popular; y por otra había ya obtenido el asentimiento de los pueblos que estaban bajo la protección del Ejército Libertador, he juzgado más decoroso y conveniente el seguir esta conducta franca y leal, que deba tranquilizar a los ciudadanos celosos de su libertad”[11]. El nuevo gobierno debía ser vigoroso para preservar al Perú de los males que “pudieran producir la guerra, la licencia y la anarquía”[12], lo que, aunque no se manifiesta en el texto, podría ser provocado por los cambios que se estaban generando. En el mismo decreto se aclaraba que el mando recaería en San Martín hasta que se reuniese el futuro congreso peruano, y el artículo 7º señalaba textualmente: “el actual decreto sólo tendrá fuerza y vigor hasta tanto que se reúnan los representantes de la nación peruana, y determinen sobre su forma y modo de gobierno”[13].

Según el tenor literal de los testimonios anteriores, el que San Martín hubiese asumido como Protector en nada cambiaba las cosas, pues en realidad sólo se estaba formalizando su permanencia y acción en el gobierno, agregándose un título que de por sí es bastante decidor. Lo que realmente importaba era la reafirmación de dos ideas fundamentales: los mismos peruanos decidirían su organización política y, en segundo lugar, la fijación de una meta previa a ello, la independencia. Una vez que se hubiesen logrado ambas, él abandonaría el poder, dando cuenta su actuación a los representantes del pueblo [14].

Esta secuencia, según afirma Hall, tenía cierta lógica pues San Martín conocía

“el mal inherente a la implantación precipitada de gobiernos libres representativos en sudamérica; se apercibía que antes de levantar cualquier durable edificio político debía gradualmente rozar la preocupación y el error diseminados sobre la tierra y luego cavar profundo en el suelo virgen para apoyar el cimiento. En este tiempo no había ilustración ni capacidad bastante en la población para formar un gobierno libre, ni aún aquel amor a la libertad sin el cual las instituciones libres son a veces peores que inútiles, desde que, en sus efectos, tienden a no corresponder a la esperanza, y así, por ineficacia práctica, contribuyen a relajar ante la opinión pública los sanos principios en que reposan. Desgraciadamente también los habitantes de sudamérica tienden primero a equivocar el efecto de tales cambios y concebir que la mera implantación de las instituciones libres en la forma importa que sean inmediata y debidamente comprendidas y disfrutadas, cualquiera que haya sido el estado social precedente”[15].

Estas apreciaciones son coincidentes, como veremos más adelante, con los planteamientos que desde tiempo atrás venía expresando Bernardo de Monteagudo. Otro Bernardo, O’Higgins esta vez, también explicitaba a San Martín las dificultades por las que atravesaba su gobierno debido a la relación con las instituciones representativas. En carta fechada el 6 de agosto de 1821 felicitaba a San Martín por su decisión de asumir como Protector:

“Quisiera estuviera usted presente para darle mil abrazos; pero recíbalos desde este asiento de miserias y trabajos, que ahora convierte en plácemes la resolución más grande y sabia de encargarse usted del mando supremo del Perú. Una nueva vida recibe la América meridional en el nuevo empeño que han de acabar de coronar las glorias a que la Providencia le ha destinado. El bien más grande que usted hace a esos pueblos es el de mortificarse en regirlos; se va a economizar mucha sangre que la anarquía no tardaría en derramar en gentes bisoñas y nuevas en la revolución. Aseguro a usted, mi amigo, que más de una vez he temblado en la desconfianza de esta resolución, pero desde ahora confío en que todo se ha de acertar”,

y más adelante agregaba, bajo el carácter de reservada, una relación de las dificultades económicas que a su gestión imponían las decisiones adoptadas por el Senado, agregando:

“hago a usted esta reflexión sobre el Senado para que sirva a usted de experiencia: que cuando hombres selectos y amigos presentan tan desagradable aspecto, ¿qué harán los que son indiferentes y elegidos por la multitud desenfrenada?”[16].

No se trataba de que se estuviera echando pie atrás en todo lo ya realizado en la implantación del sistema republicano. O’Higgins simplemente expresaba los inconvenientes que se habían producido y que, de una u otra manera, dificultaban el logro de aquella meta por la cual se había iniciado la revolución.

El 8 de octubre siguiente San Martín firmó un Estatuto Provisional en el que se daban las bases para la organización transitoria del aparato estatal, estableciéndose que ese texto regiría hasta que se declarase la independencia en todo el territorio del Perú. Logrado ese objetivo, se procedería a la convocación de un Congreso general que establecería una constitución permanente. Sin embargo, aunque de modo transitorio, él asumía una gran cuota de poder: “mientras existan enemigos en el país, y hasta que el pueblo forme las primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo administraré el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones, sin ser las mismas, son análogas a las del poder legislativo y ejecutivo”, absteniéndose de mezclarse “jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”[17]. Así, el ejercicio de dos de los tres poderes del Estado estaban en sus manos.

Félix Álvarez Brun ha señalado que tanto el que San Martín hubiese asumido como “Protector” y también la posterior dictación del Estatuto, generaron recelos e inquietud entre los sectores liberales de la sociedad peruana[18]. Si se examinan las disposiciones de éste, se comprende fácilmente la existencia de esos temores. Al “protector” le correspondía el ejercicio de la suprema potestad en los departamentos libres del Perú, era generalísimo de las fuerzas de mar y tierra y tenía amplias atribuciones en materias económicas. Por otra parte, se establecía un Consejo de Estado con un carácter netamente asesor, y conformado por los tres Ministros de Estado, el Presidente de la Alta Cámara de Justicia, el General en Jefe del Ejército Unido, el jefe del Estado Mayor General del Perú, el Teniente General Conde de Valle Oselle, el Deán eclesiástico, el Mariscal de Campo Marqués de Torre-Tagle, el Conde de la Vega y el Conde de Torre-Velarde. Entre las libertades y derechos de los ciudadanos el texto consagraba la igualdad en el ejercicio del derecho a defender honor, libertad, seguridad, propiedad y la propia existencia y la inviolabilidad del hogar. No se establecen algunas características esenciales a todo régimen republicano, tales como la igualdad ante la ley y ante las cargas tributarias.

Por otra parte, la creación de la Orden del Sol implicaba el establecimiento de una nueva nobleza, republicana, pero igualmente hereditaria en lo relativo a las prerrogativas que se concedían a los fundadores, aunque estas fuesen revocables. El decreto respectivo decía: “Con la idea de hacer hereditario el amor a la gloria, se establecen ciertas prerrogativas que son transmisibles a los próximos descendientes de los fundadores de la orden del Sol. Yo he contemplado que aun después de derogar los derechos hereditarios que traen su origen de la época de nuestra humillación, es justo subrogarles otros que, lejos de herir la igualdad ante la ley, sirvan de estímulo a los que se interesen en ella. Todo el que no sea digno del nombre de sus padres, tampoco lo será de conservar estas prerrogativas”[19]. Thomas Hardy escribió respecto de la ceremonia de instalación de esta orden, realizada el 16 de diciembre de 1821, el siguiente comentario: “La ceremonia fue excelentemente bien conducida y parece haber generado general satisfacción. Cuatro ingleses, los coroneles Paroissien y Miller y capitanes Guise y Forster han ganado el primer honor [miembros fundadores de la libertad peruana], pero no aparece el nombre de Lord Cochrane. El Sr. Prevost, agente político americano, también concurrió por invitación similar. No hubo nada en toda la actuación que demostrara un espíritu republicano […] y es evidente que un gobierno monárquico es el indicado para los hábitos y costumbres de estas gentes, de lo cual no dudo se aprovechará el General san Martín”[20].

Barros Arana es categórico al afirmar que ya en esta época, “la preocupación constante del gobierno de Lima era el preparar la organización definitiva que debía darse al Perú” y que tanto para San Martín como Monteagudo, García del Río y otros personajes, “sólo la forma monárquica podía asegurar la estabilidad de las nuevas instituciones, y desarmar la anarquía que había comenzado a aparecer con caracteres tan alarmantes en estos países”, a lo que agrega que para ello sólo era necesario “uniformar la opinión en el país”[21]. Lo que resulta curioso de estos dichos es que no mencione, precisamente, esos esfuerzos.

Poco tiempo después San Martín envió a Europa a García del Río y Parossien en busca de un monarca, y a ellos entregó una carta que debían poner en manos de O’Higgins a su paso por Chile:

“… Al fin (y por si acaso, o bien dejo de existir o dejar este empleo) he resuelto mandar a García del Río y Paroissien a negociar no sólo el reconocimiento de la independencia de este país, sino dejar puestas las bases del gobierno futuro que debe regir. Estos sujetos marcharán a Inglaterra, y desde allí, según el aspecto que tomen los negocios, procederán a la Península; a su paso por esa instruirán a V. verbalmente de mis deseos, si ellos convienen con los de V. y los intereses de Chile, podrían ir dos diputados por ese Estado, que unidos con los de éste, harían mucho mayor peso en la balanza política, e influirían mucho más en la felicidad futura de ambos estados. Estoy persuadido de que mis miras serán de la aprobación de V. porque creo estará V. convencido de la imposibilidad de erigir estos países en repúblicas. Al fin yo no deseo otra cosa que el establecimiento del gobierno que se forme sea análogo a las circunstancias del día, evitando por este medio los horrores de la anarquía”[22].

San Martín, que hasta entonces (y esto es fácil determinarlo por los testimonios ya entregados), no había adoptado una resolución en cuanto al tema de la organización política del Perú, ahora creía imposible establecer una república, y enviaba dos diputados a buscar un príncipe europeo para que gobernase al Perú, y probablemente también Chile, y ello sin consultar la opinión del pueblo peruano, como tantas veces había afirmado con anterioridad. Para Bartolomé Mitre el Estatuto Provisional era solo un embrión democrático, “dentro de cuyos vagos lineamientos podía dibujarse así una república como una monarquía liberal. Tal es el pensamiento oculto que entrañaba el estatuto al no proclamar francamente la república como forma definitiva de gobierno, dejando al porvenir la solución del problema bajo la invocación de la soberanía nacional”, advirtiendo, además, que algunas de las disposiciones adoptadas por San Martín tendían a la conformación de una sociedad que no difería en mucho de la que un poco tiempo antes había apoyado a la monarquía española. En este sentido incluye el establecimiento del Consejo de Estado, al que califica de “corporación jerárquica y aristocrática”, la subsistencia de los títulos nobiliarios y el establecimiento de la Orden del Sol. Completa Mitre su cuadro descriptivo con el siguiente comentario:

“Estas invenciones, al parecer de mero aparato, incluso las que revestían carácter gubernativo, respondían a un plan: eran semillas estériles de una aristocracia, atributos de una monarquía quimérica, que se esparcían en la sociabilidad peruana […] Hasta el mismo San Martín, no obstante su sencillez espartana, acusó en su representación externa esta influencia enfermiza. Su retrato reemplazó al de Fernando VII en el salón de gobierno. Para presentarse ante la multitud con no menos pompa que los antiguos virreyes, y deslumbrar a la nobleza peruana, que la consideraba poderosa en la opinión, se dejaba arrastrar en una carroza de gala tirada por seis caballos, rodeado por una guardia regia, y su severo uniforme de granadero a caballo se recamó profusamente de palmas de oro. Empero, nada indica que el delirio de las grandezas se hubiese apoderado de su cabeza. En medio de este fausto de oropeles conservó su modestia y su ecuanimidad. Si buscaba la monarquía constitucional, era sin ambición personal, anteponiendo, como lo decía, a sus convicciones republicanas lo que consideraba relativamente mejor para coronar la independencia con un gobierno estable, que conciliase el orden con la libertad y corrigiese la anarquía”[23].

Mitre indica que para San Martín únicamente a través del establecimiento de una monarquía constitucional se lograría la independencia y un orden regular[24]. Sea que el ambiente y las tradiciones peruanas, más aristocráticas y de mayor arraigo que en Buenos Aires o Santiago, hayan influido en el carácter del libertador haciéndole pensar que para evitar la anarquía el sistema de gobierno más adecuado era la monarquía constitucional, también es claro que en su posición el pensamiento de Bernardo de Monteagudo jugó un papel determinante. Monteagudo no solo coincidía en esto último con San Martín, sino que había iniciado una campaña pública tendiente a favorecer la opción por la monarquía constitucional. Pilares fundamentales de ella fueron la prensa y la Sociedad Patriótica de Lima.

I. San Martín en el gobierno del Perú | II. Las Ideas de Monteagudo y la Sociedad Patriótica de Lima | III. Las Memorias Sobre el Sistema de Gobierno que Perú Debía Adoptar | Notas | Versión de impresión

 




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